PLAN DE DESARROLLO PONE EN RIESGO A LA U.
En medio de la confusión en la que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, pasó desapercibido un artículo que dispone que las universidades estatales del orden nacional tendrán que negociar con el Gobierno las condiciones para pagar su pasivo pensional. No quedaron claros los criterios con los cuales esto debe ocurrir. Pero si se mantienen las condiciones previstas en la versión original del Plan, las universidades públicas deberán responder con su propio patrimonio, lo que significaría conducirlas a la quiebra y a una reestructuración financiera y administrativa que destruiría su razón de ser.
La pretensión hasta ahora es trasladar las responsabilidades estatales a la propia universidad en proporciones que aún están por definirse. Pero es preocupante que el punto de partida haya sido un supuesto falso del Ministerio de Hacienda en el sentido de que las pensiones han estado a cargo de las universidades, cuando hasta el presente han sido responsabilidad del Estado. Además, sería muy grave que para el pacto de concurrencia se aplicara el que se descuenten los aportes que haya hecho la Nación hasta el momento de la Ley 100 de 1993.
Tal criterio significaría que como para la Universidad Nacional puede estimarse el monto de los pagos de pensiones para los próximos 25 años en cerca de tres billones de pesos, la Universidad debería aportar una suma tal que la tornaría inviable. O sufriría un ajuste tan drástico, que quedaría despojada de su capacidad de contar con un cuerpo de profesores calificados, dedicados a su oficio, como es lo usual en universidades que aspiran a enseñanza e investigación de calidad en el mundo. Vale la pena decir que la acumulación de ese monto no obedece en modo alguno a una imprevisión de la Universidad, sino a la ausencia de reglas estatales claras en materia de pensiones.
No haré hincapié en el error estratégico que esto significaría para el país, que iría para atrás en el concierto mundial del conocimiento y deterioraría la institucionalidad universitaria sobre cuyos parámetros de calidad se ha trabajado en los últimos años.
Tampoco insistiré en la equivocación de ver la educación como un gasto para recortar y no como una inversión en un capital de importancia decisiva para la Nación. Más bien, quiero poner en primer lugar como criterio para la negociación, el que está en juego la equidad social.
Todos los indicadores de desempeño muestran que en las universidades públicas es donde se concentran la docencia y la investigación de calidad a la que tienen acceso los jóvenes más pobres. Afectar las condiciones de trabajo de los profesores, las inversiones en infraestructura, tales como bibliotecas y laboratorios o elevar las matrículas, es afectar a los que menos oportunidades tienen de una educación de calidad. Sería condenarlos a una educación de segunda para un país de segunda. Hasta en los gobiernos más neoliberales del mundo hay cosas que el Estado no puede desproteger: la seguridad nacional, la seguridad social y la educación.
